La NO gestión como política cultural

Desde la formación como gestores culturales,  comprendemos a la cultura en un sentido amplio, como el conjunto de manifestaciones simbólicas que identifican a una comunidad. Pero, también entendemos que el concepto de cultura es meramente político y su concepción varía según la ideología que se tenga. La UNESCO define a la cultura como conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad. Engloba, además de las artes, los modos de vida, los derechos del ser humano, valores, tradiciones, y creencias  (México, 1982).

Al entender a la cultura en su sentido más amplio, la consideramos jurídicamente como Derecho Humano, reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 27), diversas conferencias intergubernamentales y en nuestra propia Constitución Nacional. A diferencia de los derechos civiles y políticos, que son efectivos desde su reconocimiento y el Estado no interviene salvo que sean violados, para garantizar los derechos culturales, como los sociales, es necesaria una intervención estatal. El Estado es, entonces, quien debe garantizar el derecho a la cultura, no sólo desde su reconocimiento sino generando legislación que permita llevar adelante políticas culturales públicas sustentables y a largo plazo.

Es necesario que  cada sector del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal, genere un debate sobre la cultura y su papel en la sociedad, atendiendo el derecho de las minorías, el cuidado del patrimonio, la identidad, la participación ciudadana en la construcción de la cultura, el respeto a la diversidad, el derecho a gozar de la cultura, a participar en vida cultural, a apropiarse de bienes culturales y a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico.

Debido a su naturaleza compleja y a la utilización política del término cultura, las políticas culturales al igual que su financiamiento dependerán de quienes las ideen y las ejecuten. En un espacio cultural contemporáneo heterogéneo y complejo, las políticas culturales deberán tener en cuenta la variedad cultural de los destinatarios, la complejidad social y territorial y los agentes e instituciones que interactúan.

Los Estados poseen una política cultural. Entender a la cultura como un gasto, como algo ocioso e improductivo es una posición política que implica la ausencia de legislación, políticas y financiamiento en dicha área. Esta postura es con la que hemos convivido durante mucho tiempo desde los diversos gobiernos tanto nacionales, provinciales como locales. La posición es clara y se ve reflejada en el lugar que ocupa la cultura en los organigramas estatales y en el presupuesto que se le asigna. La NO política cultural, es, en definitiva, una política clara de reproducción de las relaciones sociales dominantes y el mantenimiento del statu quo, dejando de lado la inclusión, la diversidad y la democratización cultural. Al no garantizarse desde el Estado las condiciones de igualdad para el acceso  a los bienes culturales, solo acceden a ellos las clases más altas de la sociedad. Esta visión es reproducida desde la misma sociedad, por lo que tampoco existe un debate ni un reclamo fuerte.

En nuestra ciudad no se reclama el derecho a la cultura, no existe una presión social para que los gobiernos modifiquen su postura, que se ha mantenido bajo estos lineamientos en las diferentes gestiones. En el esquema municipal, la Dirección de Cultura, depende de la Secretaría de Producción, Turismo y Cultura,  tanto para su financiamiento como para la toma de decisiones. En los últimos diez años hemos visto, en las distintas gestiones, algunas “acciones” culturales o eventos culturales gestionados por el Municipio. En general ligados a las artes y a los espectáculos. Sin embargo, notamos una ausencia de Políticas Culturales Públicas que respondan a los problemas y necesidades concretas de la comunidad. Las Políticas Culturales no son hechos aislados, son un conjunto de intervenciones, acciones y estrategias que distintas instituciones gubernamentales, junto con organizaciones no gubernamentales, privadas, comunitarias, etc., ponen en marcha con el propósito de satisfacer las necesidades y aspiraciones culturales, simbólicas y expresivas de la sociedad.

Es necesario comprender que nuestro Partido, es heterogéneo en cuanto a realidades socio-culturales. Conviven en él, localidades, pueblos,  barrios con diferentes características y por lo tanto concentrar los eventos culturales en un solo sector, implica necesariamente dejar afuera al resto. La NO política excluye y discrimina, es por eso que para democratizar el acceso a la cultura es necesario el accionar estatal a través de una política pública comprometida con los derechos de los ciudadanos.

Las políticas públicas en gestión cultural, implican diagnóstico, programación, planificación, ejecución de planes, asignación de recursos, seguimiento de acciones, coordinación y objetivos comunes y no pueden ser puestas en práctica sin los mecanismos de financiamiento que la sustenten. Para lo cual, es necesario eliminar el concepto de cultura como “decorado balsámico”, o entenderla como algo suntuario, propio de gente pudiente o como gasto innecesario. El financiamiento de las políticas de promoción de acceso a los bienes culturales debe ser percibido como una inversión, dentro de una actividad que también es parte de un sector económico, productivo, donde se elaboran bienes y servicios, donde se genera valor y beneficio. 

Esto implica una firme decisión política e indeclinable voluntad transformadora del Estado. Generar equipos idóneos y creativos para llevar adelante la tarea de efectivización del derecho a la cultura, partiendo de políticas públicas que den respuesta en el corto, mediano  y largo plazo y satisfagan las necesidades culturales de todos los ciudadanos. Y también, es fundamental un cambio de visión en toda la sociedad, para que cada ciudadano exija el reconocimiento de sus derechos culturales. Mientras que nosotros, futuros gestores culturales, constructores de sentido, debemos repensar nuestra profesión y analizar si los sentidos que ayudamos a construir son alienantes o emancipadores.